El Partido Popular lleva todo el mes de agosto lanzando propuestas para reducir el número de diputados autonómicos. Incluso ayer informamos de que estaba dispuesto a analizar una posible supresión de escaños en el Senado. Los partidos de la oposición sostienen que suprimir escaños regionales hará mella en la calidad democrática del sistema legislativo. La consecuencia más directa, según los socialistas y algunas fuerzas nacionalistas, será el aumento del bipartidismo y la morzada casi segura a las fuerzas minoritarias. Las formaciones que no están en el poder o que tienen pocas posibilidades de gobernar abogan por suprimir privilegios y recortar salarios.

Hoy mismo, la secretaria de Política Social del Partido Socialista, Trinidad Jiménez, ha expresado que su partido está abierto a estudiar el número de diputados que hay en los parlamentos autonómicos siempre y cuando, este proceso se lleve a cabo con "sensatez" y no de manera "alocada".

En una entrevista con Onda Cero, Jiménez ha dicho que "si hay que reducir el número de diputados en algún Parlamento autonómico o en el Parlamento nacional, que se estudie y que se vea en que condiciones". "Si hay que revisar algo, que se revise pero con sensatez, con criterio, pero no de manera demagógica", ha reiterado.

Asimismo, ha pedido que si esto se lleva a cabo que "no afecte ni al principio de representatividad, ni al papel que la política tiene que jugar en la sana convivencia entre los españoles". No obstante, precisó que están en contra de reducir al 50 por ciento los parlamentarios autonómicos como se está planteando en algunas comunidades autónomas.

La propuesta de reducir el número de diputados autonómicos, insinuar la idea de hacer más pequeño el Senado, reformando su funcionamiento legislativo, pero no suprimiéndolo y fortalecer las diputaciones mientras otros defienden su eliminación, constituyen tres pilares básicos del programa del Partido Popular que ya están encima de la mesa a la espera de la voluntad y de la determiniación de sus dirigentes para llevarlos a cabo.

Galicia y País Vasco

Con todo, y como si de serpientes de verano se tratara, los 'varones' del PP han usado la estrategia del globo sonda durante estos días de asueto para ir captando el sentir de la ciudadanía ante unas directrices que hoy por hoy, se han convertido en toda una estrategia nacional. Eso sí, el adelanto electoral en Euskadi al 21 de octubre anunciado por el lehendakari, Patxi lópez, ha acabado con las posibilidades de reformar la legislación vasca para permitir el voto en el País Vasco de las personas exiliadas por la presión terrorista, al no quedar tiempo suficiente para los trámites.

En Galicia, el PP quiere reformar también la ley electoral autonómica, en su caso para reducir el parlamento, pero su futuro depende de la fecha que elija Alberto Núñez Feijóo para disolver la cámara gallega y convocar elecciones. El presidente de la Xunta planteó reducir de 75 a 61 el número de diputados. En el caso gallego, no es necesario reformar el Estatuto ya que el texto contempla una horquilla de entre 60 y 80 miembros, según nos ha confirmado la cuenta de Twitter del PP de Galicia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, avivó la polémica al plantear reducir nada menos que a la mitad la cámara madrileña, de 126 a 65 diputados. El secretario general del PSM, Tomás Gómez y diputado en la Asamblea de Madrid es partidario de una rebaja pero se opone a recortar su número al 50 por ciento, tal y como sugiere Aguirre. Por ello sostiene que la cifra de aforados debería rondar entre los 90 y 100 parlamentarios, al ser esta una horquilla que no perjudica a los partidos minoritarios y garantiza la proporcionalidad.

129 son demasiados

El secretario general del PSM considera que los 129 diputados autonómicos que existen actualmente son "demasiados" pero ha reclamado a Aguirre que aborde esta cuestión "sin demagogia". Por otro lado, ha reclamado que la presidenta regional se podría plantear reducir 70 cargos de confianza, que ha designado "a dedo" el PP y que se pagan con los impuestos de todos los madrileños.

También ha exigido al Gobierno regional que recorte la partida de publicidad institucional dado que se ha gastado 700 millones de euros "en propaganda" durante cuatro años.

"Recortar en 65 diputados y no recortar en 70 asesores del PP, nombrados a dedo y que trabajan para ella (en referencia a Aguirre) para mejorar su imagen significa no recortar en política, sino recortar en democracia. Recortar en despilfarros no es recortar en democracia", ha apostillado.

Propuesta para todos

La crisis económica ha puesto sobre la mesa el debate sobre el tamaño de los parlamentos autonómicos, pero por el momento, sólo uno de ellos ha llevado la teoría a la práctica y ha limitado su número: la cámara de Cantabria aprobó el pasado mes de mayo su reducción para la próxima legislatura de 39 a 35 escaños.

La idea también se está estudiando en otras comunidades como Navarra, Extremadura, Baleares y Aragón. En la primera, tras rechazar hace unos meses una propuesta en este sentido, el Gobierno de UPN ha anunciado en julio que está dispuesto a estudiar la idea y reducir el número de escaños del hemiciclo navarro, con un "debate sosegado".

En el caso de Aragón, el PP necesitaría del apoyo del resto de grupos y una reforma del Estatuto de Autonomía. Para el máximo responsable de UPyD en la región, Carlos Aparicio, la idea es "cortina de humo" para reducir el número de diputados en las Cortes de Aragón y "apuntalar el bipartidismo".

En Extremadura, la propuesta partió de su presidente, José Antonio Monago, quien sin embargo no ha logrado sumar al PSOE a la iniciativa y no puede abordarla en solitario. En Baleares, el Ejecutivo de José Ramón Bauzá también puso el asunto sobre la mesa dentro de una batería de medidas para acercar la política a los ciudadanos, aunque el debate aún está en fase inicial.

Más diputados 

El resto de Comunidades, sin embargo, no se plantean dar pasos en este camino o incluso los han dado en sentido contrario. Asturias por ejemplo argumenta que su estructura es más "austera" que la de la Comunidad de Madrid mientras que Castilla y León sostiene que sus Cortes regionales son "de las más austeras" de España.

Y en el lado contrario se encuentran Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que en los últimos años han aumentado sus diputados. En el caso de la comunidad de María Dolores de Cospedal, el pasado 17 de mayo el Parlamento castellano-manchego aprobaba, con la mayoría 'popular', la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha que amplia de 49 a 53 el número de diputados.

Mientras, la última reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana elevó en diez los diputados de su asamblea autonómica, pasando de 89 a 99 parlamentarios en las Corts.